En la agenda diaria de un periodista hay dos factores que se repiten constantemente: fuentes y publicación. Estas dos constantes constituyen, en la teoría, una relación idílica, pero la práctica resulta algo truculenta.

El periodista tiene derecho a garantizar el anonimato de las fuentes de información siempre y cuando sean veraces, pero ¿Qué ocurre cuando la información publicada posee carácter confidencial como ocurría con los Archivos del Pentágono? Esta cuestión que se planteaba hace ochenta años, continua en el día a día de la redacción periodística. ¿Es ético publicar una serie de documentos ocultos? ¿Forma parte de la labor del profesional? ¿Cuál sería el proceso y las consecuencias de esta publicación? ¿Cómo reaccionarían los medios de comunicación ante este dilema?
Estas preguntas, que intentan obtener una respuesta en el desarrollo de este reportaje, siembran un debate entre la función informativa y la propia moral del comunicador. Para ello, se expone la situación acontecida en Estados Unidos – para contextualizar e informar – y, posteriormente, se focaliza el desarrollo en España.

Introducción

En junio de 1971 el panorama social estadounidense se empezó a tambalear, como consecuencia de la situación en la que se encontraban los medios. Esta posición se debió a la lucha en la que se vió envuelta la prensa, originando un debate que enfrentaba la libertad de prensa con la censura.

Este conflicto de intereses surgió tras la publicación del informe confidencial llamado: Relaciones Estados Unidos – Vietnam (1945 -1967): Un estudio elaborado por el Departamento de Defensa (mundialmente conocido como los Archivos del Pentágono). Esta revelación fue ocasionada en un principio por el periódico The New York Times seguida por The Washington Post, aunque todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia.

Fue tal el impacto social, político y judicial que tuvo la publicación de este caso – al igual que las consecuencias que originaron – que ha servido de inspiración para algunos largometrajes, como es el caso de la película: Los archivos del Pentágono.

Esta producción dirigida por Steven Spielberg centra su acción en el medio The Washington Post y en la decisión de la directora, Katherine Graham (interpretado por la actriz Meryl Streep), y el redactor jefe, Ben Bradlee (Tom Hanks), de publicar extractos de estos informes confidenciales, continuando el frente abierto por The New York Times.

Este informe, conformado por más de cuarenta volúmenes, estuvo en boca de todo individuo, pero, sobre todo, en boca de los estadounidenses que esperaban ansiosos e indignados una nueva entrega del periódico The New York Times, que fue el precursor en dar a conocer esta información a la sociedad.

La información que contenían estas publicaciones provocó la indignación, el enfado y la rabia de todo ciudadano americano afectado por la Guerra de Vietnam. Estos sentimientos nacen de la lectura de estas publicaciones. Los ciudadanos se sienten engañados por el presidente Johnson, pues este había prometido en 1964 que este conflicto no se iba a extender.

Sin embargo, al mismo tiempo, los altos cargos estadounidenses decidieron extender el ejército americano frente a los ataque aéreos y terrestres deliberadamente, provocando la prolongación del conflicto. Este informe clasificado, de más de 7000 hojas, fue elaborado en 1967 bajo la orden del, por entonces, secretario de Estado de Defensa, (Robert McNamara) por empleados del Gobierno.

El pretexto, por el cual nacían estos archivos, se basó en que generaciones futuras no cometieran los mismos errores, que habían conllevado a la muerte de cientos de militares estadounidenses. Además, a través de estos documentos se confesaba que los altos cargos habían sido cómplices de la gran mentira contada al pueblo: su reducida actividad en la guerra librada en Vietnam. Esta mentira conllevó a que miles de familias perdieran a uno o varios familiares, amigos y conocidos en el campo de batalla.

El dilema de The New York Times

A través de la elaboración de este informe, se redactó la verdadera relación y participación militar que el ejército estadounidense mantuvo durante la Guerra de Vietnam durante 22 años (1945 – 1967), es decir, durante las administraciones de los presidentes Truman, Eisenhower, Kennedy y Johnson.

Debido a la magnitud y confidencialidad de su contenido, se realizaron escasas copias. Una de ellas se destinaría a McNamara (convertido en presidente del Banco Mundial), otro a la presidencia de Johnson y, posteriormente, a la del presidente Nixon. Mientras que el resto se guardaría en el Pentágono (sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos). Lo que comenzó como un diario a modo de arrepentimiento, acabo siendo la chispa que detonaría la estabilidad social y política de los Estados Unidos.

Tras la elaboración del informe, Daniel Ellsberg, uno de los autores de este documento, toma la decisión de hacer copias no autorizadas. El objetivo de esta acción se sustentaba en cumplir la finalidad con la que fue creado: servir de precedente de cambio y como método de aprendizaje en las próximas generaciones. Con ello, este funcionario del Pentágono buscaría cerrar el capítulo de “una guerra errada”, como años más tarde anunciaría.

Daniel Ellsberg tenía buena relación con el periodista Neil Seehan, del periódico The New York Times. Este vínculo había nacido de las filtraciones que Ellsberg le había proporcionado al reportero. Por este motivo, tras tener en su poder las copias, Ellsberg cedió el informe a este periodista. La condición era sencilla: presentarlo a su director, Abe Rosenthal, para publicar y, además, defender su anonimato como fuente.

“Sólo The New York Times podría publicar todo el estudio, tenía el prestigio para llevarlo a cabo” matizaría Daniel Ellsberg en sus memorias. Concretamente, en el libro: Secrets: A memoir of Vietman and the Pentagon Papers (2002), dónde recoge como fue este proceso.

De esta forma, el periódico determinó que contados periodistas de confianza revisarían minuciosamente – y en el más confidencial de los secretos – la totalidad de las hojas; para barajar la posibilidad de publicación.

Así, estos periodistas marcaron diversos extractos, que aprovecharían para elaborar finalmente, una serie de artículos. Estas publicaciones estarían constituidas por seis páginas. Esta decisión se tomó por la magnitud que iba a alcanzar estas informaciones, además, de que en un solo ejemplar ocuparía gran parte del periódico y su lectura sería decadente. Por otro lado, esta decisión poseía un riesgo, pues sabían que esta serie podía llegar a quedar incompleta.

¿Cómo? La fiscalía podría interponerles una orden judicial restrictiva. Este mandato, también conocido como orden de protección, impide que determinadas publicaciones – en este caso, informaciones relacionadas con los informes confidenciales del Pentágono – salgan en los medios de comunicación.

Tomada la decisión se iniciaría esta serie el 13 de junio de 1971. De esta forma, esta historia apareció en la portada del domingo, acompañada eso sí, de otras informaciones, como la boda de la hija del presidente Nixon. O, también, con la noticia de los presupuestos de la ciudad neoyorquina, y al lado de una de las tensiones crecientes entre India y Pakistán. Esta fue la portada del medio:

Así, en este ejemplar, se puede leer lo siguiente: “Un estudio masivo de cómo Estados Unidos fue a la guerra en Indochina, realizado por el Pentágono hace tres años, demuestra que cuatro administraciones desarrollaron progresivamente un sentido de compromiso con un Vietnam no comunista, una disposición para luchar contra el Norte para proteger al Sur”, para presentar esta serie de noticias.
Las ventas, los elogios y la admiración hacia este prestigioso periódico crecieron exponencialmente. De la misma forma, también aumentaron los problemas. Era de esperar, que la publicación de los primeros artículos en The New York Times removerían el ámbito social y político.
Como también lo fue el intento de bloqueo de estas publicaciones por parte del gobierno estadounidense. Tras la segunda publicación del informe, el gobierno de Nixon buscó cesar estas publicaciones.

La ley de espionaje, a la que alega el señor Mitchell, dista lo siguiente “cualquier intento de interferir en las operaciones militares con intención de apoyar a los enemigos de Estados Unidos”. Supuestamente se recurrió a esta ley porque cuando se clasifica información es porque puede resultar de utilidad para el contrincante exterior. Sin embargo, desde su creación esta ley ha sufrido al menos cincuenta modificaciones a lo largo de la historia.

La respuesta de Sulzberger, a la fiscalía, fue una negativa alegando que publican esa información veraz porque “es el interés de la gente de este país”. Ante esta respuesta, el Departamento de Justicia decidió presentar una denuncia con el fin de cesar estas publicaciones, las cuales estaban dañando la reputación de su gobierno. Asimismo, el juez federal emitió una orden de restricción temporal, con la finalidad de prohibir al medio continuar publicando esta serie.

Sería entonces, cuando el director del periódico, The New York Times, fue más consciente de la situación a la que se enfrentaba su empresa. El diario cumplió la orden, pero comenzaría una lucha judicial con el objetivo de continuar la serie y recuperar su libertad.

Con el fin de estar preparados ante el proceso judicial que se abría en el horizonte, el medio acudió y contrato a Alexander Bickel, como abogado. Quién era un reconocido profesor de Derecho en la prestigiosa Universidad de Yale. De esta forma, la defensa del diario, en primera instancia, se basó en contratacar a la fiscalía con sus propios argumentos. Destacando estos dos puntos:

• La ley de espionaje que forma parte del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 793, nunca estuvo pensada o ideada para ser usada en contra de la prensa.
• En segundo lugar, aclaró que el medio de comunicación no había consultado al propio gobierno antes de publicar el material, pues la misión de la prensa es la de difundir las noticias de gran relevancia e interés y no: “someter su programa editorial al Gobierno de Estados Unidos” según palabras de Alexander Bickel.

The Washington Post se suma a las publicaciones de los archivos

El periódico, The Washington Post , a diferencia del New York Times carecía de copias de estos informes de carácter confidencial. De esta forma el periódico, que se encontraba dirigido por Ben Bradlee, no podía competir en contenidos con el New York Times pues los Informes del Pentágono estaban en posesión desconocida. “El Post no tenía una copia y nos encontramos en la humillante posición de tener que volver a escribir sobre la competencia”, declaraba, en su momento, el redactor jefe Ben Bradlee.

Sin embargo, la trama dio un giro de 180º en beneficio del Washington Post. El 16 de junio de 1971, este medio de comunicación conseguiría localizar la persona que empezó estas filtraciones: Daniel Ellsberg.

Tras esta averiguación, la reacción del periódico no se hizo esperar. El editor nacional del medio, Ben H. Bagkidian, sería el encargado de volar a Boston; con la finalidad de extraer una de las copias de los Archivos del Pentágono, sustraídos y fotocopiados por Ellsberg.

De esta forma, este prestigioso medio publicó parte del informe, aprovechando que The New York Times estaba imposibilitado de continuar la serie relacionada con Vietnam. Esta sería la portada del medio liberal:

No obstante, la respuesta a esta publicación no se hizo esperar. Esa misma tarde la redacción del periódico recibiría la llamada de William H. Rehquist (abogado del Gobierno y futuro presidente del Tribunal Supremo), solicitando el cese de este tipo de publicaciones. Bradlee, editor jefe del periódico se negó. Esta negativa conllevaría a que el periódico fuera llamado, junto al The New York Times, al tribunal.

Proceso judicial en la Corte Suprema

Hugo L. Black, uno de los seis jueces que conforman el Tribual Supremo, afirmaba que al revelar la actuación, que el gobierno realizó sobre la guerra de Vietnam, los medios desempeñaron su función principal: informar. “La prensa debe ponerse del lado de los gobernados, no de los gobernadores”, sentenciaba Hugo Black, juez del Tribunal Supremo.

En su decisión, intervino la propia Constitución Americana, en concreto la Primera Enmienda que dice lo siguiente: “se prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión, que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa”.

Este artículo, que forma parte de la Constitución Americana, refuerza la idea de que no es correcto intentar censurar previamente las futuras publicaciones de un medio de comunicación- la censura que se ejerció contra el diario The New York Times fue insólita – como logro hacer el Gobierno Estadounidense al intentar cesar las futuras informaciones que contemplaban la serie de los Archivos del Pentágono del The New York Times.

Una de las consecuencias de este caso, sería que se reforzaría la seguridad de edificios como el Pentágono, con la finalidad de que no se extrajeran otro tipo de documentos perjudiciales para el Gobierno. Aunque, esta seguridad volvería a ser burlada un año después conllevando la famosa destitución del presidente Nixon. Curiosamente estos archivos se encuentran desde 2011 públicos para cualquier individuo, pues su carácter confidencial fue abolido, provocando que cualquier individuo pueda leerlos.

A raíz de la magnitud de este suceso se cuestiona lo siguiente ¿Qué pasaría si este caso se produjera en el territorio español? Para analizar correctamente esta situación, se debe contextualizar y, además, consultar a expertos en la materia.

Antecedentes: casos similares en el país

En este país no se han producido casos de esta magnitud, como en el continente americano. No obstante, si se han percibido ciertos rasgos similares en algunos casos, como es el de la trama Gürtel. Este parecido nace por la trascendencia política y por el papel de la prensa en el desarrollo de la opinión pública.

Esta investigación mencionada fue iniciada en noviembre de 2007 por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El caso giraba en torno a la presunta red de corrupción política vinculada al Partido Popular (PP) encabezada por Francisco Correa y tres de sus principales socios (Álvaro Pérez “El bigotes”, Pablo Crespo y Antoine Sánchez). A través de esta red, se organizó un conjunto de empresas con el objetivo de nutrirse de fondos públicos de las principales comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Esta red empresarial, ayudado por los gobiernos autonómicos, trataba de saltarse prohibiciones legales urbanísticas. A cambio de estas ayudas, los gobiernos autonómicos recibirían apoyo económico para las campañas electorales y eventos del PP. La mayoría del dinero que manejaba la red de corrupción era dinero negro, es decir, no declarado en Hacienda. Este hecho provocó una importante financiación ilegal a un partido político por los favores concedidos a los empresarios involucrados en el caso.

El 6 de abril de 2010 sale a la luz una parte importante del secreto de sumario de la investigación judicial. A partir de esta fecha se levanta la limitación que impedía a los medios de comunicación informar sobre este. Los documentos eran inaccesibles por ley, en cierta forma, parecido al caso estadounidense.

No obstante, la publicación de aspectos que giraban en torno a esta trama corrupta estaba permitido. Así, el 31 de enero de 2013 El País publicó, en portada, los papeles en los que el extesorero del partido, Luis Bárcenas, apuntaba el dinero ilegal destinado a los políticos del PP.

Estos documentos, fueron filtrados por el antiguo abogado de Bárcenas, Jorge Trías Sagnier. Como en Los Archivos del Pentágono, la figura del filtrador de archivos es fundamental para el tratamiento informativo. No obstante, aunque también se intentó acallar a la prensa, los procesos judiciales no llegaron tan lejos como en el caso estadounidense.

Proceso judicial en España de la publicación de información confidencial

Sin embargo, aunque estos casos no hayan salido a luz; no significa que no se haya ocultado cierta información. Como consecuencia de esto, los medios de comunicación se han visto en la obligación de renunciar a su labor profesional, guardando silencio. Para analizar esta hipótesis, se cuenta con la colaboración de Mirta Nuñez (especialista en la rama de la Memoria Histórica y profesor de la Facultad de las Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid).

El experto abarca la posibilidad de que nunca se han dado casos en España de esta magnitud por la ley de secretos oficiales, posterior al dictador Franco. “La información que debemos tener de algo, que ha pasado hace mucho tiempo, no llega porque esta ley impide que salga a la luz”, sentencia Nuñez. De esta manera, el artículo 9 y 10 de esta ley dista lo siguiente:

“La persona a cuyo poder llegue cualquier «materia clasificada» (…) está obligada a mantener el secreto y entregarla a la Autoridad civil” Además, según el cuarto apartado del artículo 10, “las copias o duplicados de una «materia clasificada» tendrán el mismo tratamiento y garantía que el original y sólo se obtendrán previa autorización especial”. De esta forma, el periodista se encuentra obligado a guardar el secreto, según la legislación vigente.

Como se ha ido anunciando en el desarrollo de este reportaje, existen diferencias entre la legislación estadounidense y española; lo que también afecta a la censura. “Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, abre a la luz pública documentos que, por ejemplo, en España era imposible que salieran a la luz pública (…) en España en particular ha sido absolutamente vetada, eso hay que reconocerlo” enfatiza Mirta Nuñez.

Sin embargo, ¿cuál sería el proceso judicial que se llevaría a cabo de publicarse este tipo de información? En este caso, Ignacio Álvarez (licenciado en derecho y ciencias políticas, además, de profesor de Derecho constitucional) matiza las consecuencias penales que podrían darse contra los periodistas o el medio, por la publicación de información clasificada.

Independientemente de que está sea reservada (cuando el contenido lo conoce un reducido número de personas) o secreta (la conoce, todavía, un número menor de personas o, incluso, nadie sabe de su existencia por ser considerada secreto de seguridad nacional).

“En España el Código Penal establece como delito: la publicación, por cualquier tipo de medio o la difusión, de una materia clasificada – sea reservada o secreta – con penas de cárcel que pueden llegar a ser de hasta de 4 años”, resuelve Ignacio Álvarez. Además, añade que si se demuestra que las informaciones han favorecido a potencias extranjeras, la penas pueden subir de 6 a 12 años.

A pesar de esto, también, hay que tener en cuenta otro factor que está involucrado: la libertad de información. Para ello, Ignacio Álvarez pronuncia lo siguiente sobre este caso hipotético, “la libertad de información es preferente en un caso que tenga que ver con materia clasificada”.

A la hora de abrirse una causa judicial en contra de los periodistas, el experto en Derecho Constitucional afirma que sería el ministerio fiscal quién se encargaría de abrir este proceso – como ocurría en los Archivos del Pentágono, de la mano del fiscal John Mitchell – mediante una querella.

Esta denuncia giraría en torno a la conspiración y al secreto oficial, para ello se referiría a un delito tipificado en el artículo 548 del código penal. Se procedería a un juicio penal, constituido por la fase de sumario (se realizan las diligencias previas) y la fase del juicio oral (dónde declaran los testigos y se dará una sentencia). Ignacio Álvarez matiza que: “No se puede condenar a un periodista sin oírle; además, preveo que sería bastante polémico desde el punto de vista social”.

Los modelos judiciales (el norteamericano y el español) poseen diferencias y, por tanto, el proceso cambia. Por ejemplo, en España, se pueden secuestrar publicaciones, en los casos que indica el artículo 25 de la Constitución 

Sin duda, a pesar de las diferencias se presentaría una serie de similitudes en el panorama social, político, judicial…pues estas publicaciones suscitarían reacciones semejantes en ambos territorios. De esta manera, se deja resuelto la hipótesis planteada al comienzo del reportaje, que decía: ¿qué ocurriría si saliese a la luz en España un caso de características similares a los Archivos del Pentágono?